Facilita Osafig a exdiputados que cobraron bono librar sanción: Comisión de Hacienda

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*Queda en entredicho actuación del Auditor Superior, señala Santiago Chávez

Colima  – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, señaló que el actuar del titular del Osafig queda en entredicho, al facilitar que queden sin sanción los exdiputados locales que se entregaron un bono económico.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Nicolás Contreras, Julia Licet Jiménez, Riult Rivera y Federico Rangel, todos integrantes de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez Chávez señaló que con su actuar, el auditor superior Armando Zamora González, inhibió la instauración de un procedimiento para fincar a los exdiputados las sanciones que él mismo propone.

Explicó que el artículo 126 de la Constitución de Colima señala que “la responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que por la fecha que entregó al Congreso del Estado el informe de resultados de la cuenta pública del año 2015 del Poder Legislativo, el pasado 29 de septiembre, el Auditor Superior inhibió la instauración de un procedimiento para fincar las sanciones que él mismo propone.

Ante ello, dijo que esa situación pone en entredicho el actuar del auditor superior, “pues la primera impresión nos orilla a pensar que fue una conducta dolosa para facilitar que los diputados que menciona en su informe queden si sanción, al no ser jurídicamente posible actuar para sancionarlos sin contrariar lo señalado en la Constitución Local”.

Indicó que los exdiputados señalados en el informe de auditoría, el pasado 30 de septiembre cumplieron un año de haber dejado ese cargo; es decir,  al siguiente día de que fue entregado el informer, un día antes de vencerse el término establecido en la Constitución de  Colima para poder imponerles una sanción.

“El auditor superior, como titular de un órgano técnico especializado, es sabedor del contenido de la normatividad, por tanto debió haber previsto entregar el informe con la debida antelación, para que la legislatura estuviera  en condiciones de accionar como lo disponen las leyes en esos casos”, dijo Santiago Chávez.

Aseguró que no existe precepto alguno que obligue al  entregar de manera conjunta los resultados de los 22 entes.

Expuso que también pone en entredicho la actuación de Zamora González, la manera como se conduce en la revisión de la situación excepcional a la administración del exgobernador Mario Anguiano.

Apuntó que la dilación en la entrega de esa revisión excepcional y los diversos plazos autoimpuestos incumplidos por el Auditor, llevan a suponer que existe el ánimo de fabricar una situación similar a la de los exdiputados para favorecer la impunidad.

“Esto es así porque estamos a escasos 18 días para que se cumpla un año del término del encargo del exgobernador y de diversos funcionarios de su administración que gozaron de fuero y que, de encontrarse implicados en alguna irregularidad, también resultarían favorecidos, al no haberse exigido su responsabilidad en el término legal establecido”, señaló.

Santiago Chávez dijo que a él y a los integrantes de la Comisión de Hacienda, les preocupan las diferencias y la falta de claridad en el criterio que aplica el Auditor Superior en la fiscalización de los diferentes entes.

Destacó serias deficiencias en observaciones de índole económica “parcialmente solventadas”, donde los informes no especifican en qué consiste esa solventación parcial, ni señala las cantidades que no lo fueron, sin que exista tampoco una propuesta de sanción sobre lo no solventado.

Comentó también sobre observaciones no solventadas, que sin embargo no motivaron la propuesta de sanción, además de no contarse hasta el momento con los documentos comprobatorios del informe de resultados.

“Todo lo anterior nos deja entrever la posible parcialidad esgrimida por el Auditor Superior en la revisión de las cuentas públicas, siendo  de tal manera grave que, como hemos expresado, en algunos entes se observan y sanciona dichas irregularidades, mientras que en otros, advirtiendo su existencia no se propone sanción a quienes las cometieron.”

Finalmente, expuso que la Comisión que él preside deberá realizar una revisión a fondo, pues “el Osafig nos está complicando el trabajo; sin embargo cumpliremos en tiempo y forma con los plazos que la ley establece”.

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